El tercer país seguro y una amenaza

08/10/2019

Margarita Victoria Gomez

El flujo migratorio de personas que han sido forzadas a salir de su lugar de origen ha adquirido una magnitud inédita en el seno de la comunidad internacional. Existe una polarización profunda de posiciones cuando se trata de acoger a los migrantes en un mundo que globaliza el mercado pero no los derechos humanos. La tendencia es que se profundice ese flujo y se torne una pauta decisiva para elegir un candidato, en cualquier país, en las próximas elecciones.

El informe Refugio en números (CONARE/ACNUR, 2019) confirma “la existencia de 70,8 millones de personas que fueron forzadas a dejar sus lugares de origen por diferentes tipos de conflictos, de los cuales 25,9 millones son refugiados y 3,5 millones son solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado”.

Estamos inmersos en una crisis numérica, por el crecimiento exponencial de personas forzadas a dejar su país de origen y, según Filipo Grandi, Alto Comisario de las Naciones Unidas para Refugiados, también en una crisis de cooperación y solidaridad porque los países que más reciben refugiados, cerca de 85%, son países relativamente pobres.

En América Latina una expresión de esa migración forzada fue cuando un grupo de hondureños comenzó, en marzo de 2018, a movilizarse para organizar la Caravana de migrantes de Centroamérica. En octubre, de ese año, la caravana salió y llegó s congregar 4.000 hondureños, salvadoreños y guatelmatecos, y se estima que también de mexicanos.

Ellos marcharon en caravana, desde Honduras a la frontera de México con Estados Unidos (EEUU), para protegerse mutuamente y evitar sufrir secuestros, violaciones y la propia desaparición. Como afirma Padilla (2019), lo más seguro fue unirse y llamar la atención de la prensa que los acompañó y contar con la acción del actual gobierno mexicano, que orientó a sus autoridades y a la policía a no cometer arbitrariedades contra los migrantes.

La falta de trabajo, la extrema pobreza y la persecución de las pandillas, la violencia de las maras, que son bandas organizadas, especialmente por personas de origen salvadoreño, que cometen actos delictivos y de extorsionan para conseguir sus fines, los expulsó de su sociedad. O sea, las personas sufren todo tipo de violación a sus derechos humanos básicos y la inseguridad las obliga a migrar. Padilla (2019) afirma que “es el crimen transnacional organizado que azota nuestros países y que está muy ligado a la problemática del narcotráfico.”

Y, a un año de la “caravana” todo indica que la migración no va terminar tan pronto y habrá que continuar reivindicando los derechos no respetados.

Por su lado, y delante de ese movimiento, el presidente de Estados Unidos de América (EEUU), Donald Trump, presionó a México y a los otros tres países centroamericanos a que firmen el Safe Third Country Agreement (STCA) – Acuerdo de Tercer País Seguro- para que los solicitantes esperen ahí hasta que EEUU decida. O sea, los migrantes deberán presentar su solicitud para el reconocimiento de su condición de refugiado desde el país que pasaron, y ahí esperar hasta que las autoridades de EEUU resuelvan por la aprobación o no de la solicitud.

El Gobierno de los Estados Unidos de América al imponer a Honduras, El Salvador y Guatemala a firmar del Acuerdo de tercer país seguro dice cooperar en la examinación de solicitudes de asilo de nacionales de terceros países y detener por medio de esa gestión “migratoria” al flujo de solicitantes. Además, recomienda que estos países no coloquen impedimentos porque de lo contrario sufrirán represalias. Estas represalias van desde la militarización y el cierre de la frontera sur, hasta la aplicación de aranceles a las exportaciones o el retiro de las eventuales ayudas que tengan de EEUU. Entre advertencia y amenaza México no aceptó firmar el acuerdo.

Los estados entraron en más desequilibrios y desacuerdos exponiendo la vulnerabilidad de los solicitantes de asilo y la precariedad de los estados que ven al flujo migratorio y a los migrantes como amenazas y no consiguen verlos como sujetos de derechos.

Los estados de origen los expulsa y los potenciales receptores colocan barreras, confirmando la falta de cooperación y solidaridad. Las organizaciones internacionales intervienen en lo relativo a los derechos humanos, especialmente, desde el momento que la migración dejó de ser una cuestión de las leyes ordinarias de un país y pasó a ser una cuestión de política internacional, de securitización.

El Acuerdo de Tercer País Seguro confirma su irracionalidad cuando constatamos que estos países –Honduras, El Salvador y Guatemala- no consiguen proteger ni representar a sus propios habitantes porque están entre los más violentos del mundo. Y por otro lado, como dice Varese (2019), si hicieran la solicitación desde uno de estos “países seguros”, por eso mismo, su condición de refugiado es probable que sea negada, pues no se justificaría.

Esta ambigüedad seria un motivo suficiente para revisar las orientaciones del derecho internacional que permite que EEUU adopte esa política migratoria, y la propia Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, lo mismo que las políticas migratorias de cada país signatario de esos acuerdos. Para la Convención, un país seguro seria aquel que respeta los derechos de sus habitantes y los protege de persecuciones “debido a su raza, nacionalidad, asociación a determinado grupo social u opinión política”.

La ambigüedad y amplitud de las interpretaciones están sujetas a circunstancias aceptables dentro de la legalidad y de la humanidad de las personas; los estados están legalmente impedidos de dejar a la deriva a las personas con riesgo de morir.

El diplomático guatemalteco Luis Alberto Padilla (2019) considera que para ciertos sectores empresariales o turísticos no hay impedimentos para la movilidad pero si hay restricciones para los trabajadores que se dirigen a donde hay trabajo y mejores condiciones de vida.

Según Padilla (2019), la expresión “Tercer país seguro” responde directamente al endurecimiento, de la política migratoria del gobierno Trump que teme ser invadido por los indocumentados que ocuparían fuentes de trabajo de los norteamericanos, amenazando su identidad cultural y el debilitamiento de la raza y cultura blanca, anglosajona y protestante. (Cf. Huntington, 1997)

Para Padilla los transmigrantes salvadoreños, hondureños, o de cualquier país del mundo, que pasen por Guatemala podrán pedir asilo en EEUU y esperar en Guatemala, por ejemplo. No obstante, por ahora, es sólo un acuerdo firmado, sin ninguna contrapartida económica para el país. En 2020, cuando asuman las nuevas autoridades guatemaltecas, el congreso de la republica podrá aprobar el Acuerdo, considerando las amenazas de represalias por parte de EEUU si así no lo hiciera. Para los analistas, el Acuerdo de Tercer país seguro es cruel, ilegal, ultrajante, una verdadera aberración.

En ese contexto, pensar en derechos humanos básicos como, por ejemplo, la educación superior es casi surreal. Padilla (2019) dice que la universidad comienza a abordar estas cuestiones en la investigación científica con muchas dificultades.

O sea, si su país es propenso a entrar en el Acuerdo de Tercer País Seguro es importante pensar algunas cuestiones: la relación entre ciudadanía, ciudadanía transnacional, migraciones y movilidad humana, sobre el ir y venir legalmente del país de origen al país de acogida, sobre lo que implica tener o no un estado que proteja a las personas, sobre los alcances del Pacto Global firmado en Marruecos (2018) para una migración segura, ordenada y regular y, sobre todo, cómo conseguir acuerdos que no provengan de amenazas y que no atenten contra los derechos humanos.

Referencias

ACNUR. Alto Comisariado de las Naciones Unidas para Refugiados. Zero Draft [Pacto Global sobre Refugiados], 2018. Disponible en http://www.unhcr.org/Zero-Draft.pdf. Consulta en: 25 set. 2019.
CONARE/ACNUR. Refugio em números (2019) Disponible en https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/refugio-em-numeros. Consulta en: 23 set. 2019.
Gomez, M.; Padilla, L. A. Entrevista. Acuerdo de Tercer País Seguro. S.P. 19 set. 2019 [Mimeo]
Varesse, L. Comentario. 2019 [Mimeo]
Huntington, S. O choque de civilizações e a recomposição da ordem mundial. Rio de Janeiro: Objetiva, 1997.

Margarita Victoria Gómez es investigadora, integrante del Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais (NUPRI-USP), con la investigación sobre acuerdos y dispositivos legales que sustentan las acciones de la universidad para acoger migrantes y refugiados.